martes, 2 de mayo de 2017

Ecuador denunciará a los TBI como ejemplo de la voracidad con la que las transnacionales actúan en contra de los países



El ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, anunció que el Ecuador retomará la denuncia de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

En entrevista con radio Sonorama, el secretario de Estado dio a conocer que este proceso tiene como objetivo dejar sin efecto un segundo paquete de TBI que estaba pendiente en la Asamblea Nacional. “En 2008 el presidente Correa denunció un primer paquete de tratados suscritos con Rumania, Finlandia y países centroamericanos”, dijo Arauz tras ratificar que se cumplirá con una orden de la Corte Constitucional (CC) que declaró inconstitucionales a los TBI, por ser un ejemplo de la voracidad de las transnacionales en contra de nuestro país.

De acuerdo con Arauz, los TBI han causado graves perjuicios económicos. “Solo en 2016 Ecuador pagó más 1.100 millones de dólares en arbitrajes. En el caso Chevron son más de 9 mil millones que el país debería pagar y podría quebrarlo”; lo que daría cuenta de que “los TBI solo dan derechos al capital y ello contraviene el proyecto político que determina que en Ecuador todo ser humano debe estar por encima de eso”.

El ministro Arauz informó que países como India y Bolivia, e incluso de la Unión Europea, han optado por el camino de la denuncia pues se ha comprobado que los TBI no son un requisito para la llegada de inversiones y que, por el contrario, se han constituido en el marco jurídico internacional que utilizan las empresas para enjuiciar a los países; además de que “permiten que una empresa, sin importar su tamaño, su origen o giro de negocio, pueda enjuiciar directamente al Estado, sin pasar por un ordenamiento interno. Eso es lo que ha sido declarado inconstitucional”, dijo.

Arauz anunció que el tema de los TBI se analizará este 3 de mayo en la Asamblea Nacional, mientras se espera que se haga público el informe de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje en Materia de Inversiones (Caitisa); instancia que contó con la participación de la sociedad civil para el análisis de los tratados y que sienta un precedente de investigación sobre este tema en el mundo.

De su parte la presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, María Augusta Calle, en diálogo con Ecuador Inmediato, manifestó que espera que mañana se apruebe la denuncia a 12 Tratados Bilaterales de Inversión que presentarán al Pleno. Según datos recabados por esa mesa legislativa, América Latina ha sido muy golpeada por las demandas en este tema, pero Ecuador ha sido el más afectado con 26 demandas equivalentes a US$12 mil millones de dólares.

“En la época neoliberal, el Ecuador firmó 30 Tratados Bilaterales de Inversión. De esos, tenemos 17 que ya no están vigentes. Nueve TBI fueron denunciados o renunciados (denunciados según el lenguaje de los tratados internacionales), de acuerdo a la Constitución de 1998 y fueron denunciados en el 2008: Uruguay, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Honduras, Paraguay y Rumanía”, relató.

La asambleísta explicó que este tema se consultó además con el presidente electo, Lenín Moreno, y en la medida en la que haya ya un nuevo instrumento para iniciar de forma inmediata la negociación y sabiendo que todos los TBI tienen cláusulas de supervivencia, se tiene el tiempo necesario -que espera que sea de forma inmediata para los nuevos inversores- para empezar este proceso de renegociación.

Espera que mañana la denuncia sea aprobada. “Todos los TBI tienen una misma razón de la denuncia. Prácticamente se firmaban con un solo modelo. Eso fue una cosa brutal contra los Estados, no solamente con el Ecuador. Fue una hemorragia de TBI que se firmó en la época neoliberal con algunas modificaciones”.

lunes, 27 de marzo de 2017

Asambleísta Soledad Buendía denunció que Guillermo Lasso habría simulado la venta del banco “BANISI” para eludir la Ley ecuatoriana

“Solicitamos investigar una posible violación del Código Monetario ya que, las entidades financieras y sus accionistas, no pueden tener ningún tipo de sucursal en paraísos fiscales” declaró la asambleísta Soledad Buendía, la tarde del viernes 24 de marzo ante el Superintendente de Bancos, Christian Cruz.
Buendía en el marco de su potestad fiscalizadora, según lo manda  la Constitución y la Ley de la Función Legislativa, solicitó a Cruz la respectiva investigación sobre las prácticas en las que habría incurrido el candidato presidencial por la alianza Creo-Suma Guillermo Lasso, y que atentan contra los intereses del pueblo ecuatoriano.
En primer lugar expuso la vinculación de Lasso con el banco BANISI S.A. De acuerdo a la documentación presentada por la Asambleísta, el candidato habría simulado la venta de dicha entidad financiera que opera en Panamá, violando lo que establece el Código Monetario, que en el artículo 183 prohíbe a los dueños o accionistas de bancos ecuatorianos, ser propietarios de entidades financieras en paraísos fiscales. En segundo lugar, se habría cometido el delito de peculado bancario al incurrir en la entrega de créditos vinculados, lo que está penado con 7 a 10 años de prisión, según está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
Banisi es una entidad financiera ´de papel´ y era una subsidiaria del Banco de Guayaquil propiedad de Guillermo Lasso. Al principio funcionaba con el nombre de Banco de Guayaquil Panamá, sin embargo, según un documento entregado por la Superintendencia de Bancos de ese país, en septiembre de 2011 el organismo resolvió autorizar el cambio de razón social de la entidad financiera de Banco de Guayaquil a Banisi S.A. (Aquí una copia del documento):

Pero este no sería el único traspaso que se habría efectuado, pues en 2014 luego de la aprobación del Código Monetario y Financiero en Ecuador, otro documento entregado por la misma Superintendencia de Bancos de Panamá revela que los accionistas del BANCO DE GUAYAQUIL S.A y BANISI S.A. solicitaron al organismo autorizar la transferencia del 100% de sus acciones a un holding denominado: “Banisi Holding S.A” para evadir las sanciones que contempla la norma aprobada por la legislatura ecuatoriana, según consta en el siguiente documento:

En ese mismo oficio detalla que el Presidente de Banisi Holding S.A es Guillermo Lasso Mendoza actual candidato a la Presidencia de la República por la alianza Creo- Suma:

Esto fue ratificado por el mismo Guillermo Lasso durante uno de sus actos proselitistas realizado en la capital: “Mi familia y yo somos dueños de un pequeño banco en Panamá”. A su vez, reconoció que aún es el accionista mayoritario del Banco de Guayaquil. Ver el siguiente link desde el minuto 51:

En 2015, un informe de la empresa Deloitte, que efectuó una auditoría en Panamá a Banisi Holding S.A. detalló que la mayoría de las acciones de ese holding son propiedad de Pietro Overseas de quien poco se conoce, aparentemente es el socio mayoritario pues tendría el 50 más 1 de las acciones de esa compañía. Aquí una copia del documento:
Las operaciones del Banco Banisi son dirigidas desde Ecuador, las dos terceras partes de los depósitos que recibe esta entidad financiera son de ecuatorianos, hablamos del 66%, según un estudio efectuado por la Superintendencia de Bancos de Panamá. Ese organismo autorizó además al Banco Banisi la apertura de una oficina de representación en Ecuador, como se puede comprobar a continuación:

La asambleísta Buendía resaltó que la dirección de dominio www.banisipanama.com está registrada a nombre del Banco de Guayaquil, en su matriz en Guayaquil, Ecuador: http://who.godaddy.com
Así también, los servidores del hosting de www.banisipanama.com estaban en Guayaquil hasta el 22 de marzo de 2017. http://toolbar.netcraft.com/site_report?url=www.banisipanama.com
Con todos estos antecedentes se solicitó al Superintendente de Bancos, Christian Cruz que investigue la información entregada y necesaria para determinar: ¿Cuál es la relación entre Guillermo Lasso y Pietro Overseas? ¿Se trata acaso de la misma persona?  ¿Existió una venta simulada del banco panameño? ¿Se trata de un Banco de `papel´ que opera desde Ecuador?
La Superintendencia de Bancos en un plazo término de 15 días establecerá si existen responsabilidades, y de existir una violación a cualquier norma ecuatoriana, deberán establecerse las sanciones correspondientes; recordemos que incluso en febrero de este año fue aprobada una Consulta Popular que impide a funcionarios y candidatos a dignidades de elección popular tener recursos en paraísos fiscales.
Datos a tomar en cuenta:
  1. El artículo 120 numeral 9 de la Constitución de la República y artículo 9, numeral 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa facultan a los asambleístas a emprender acciones de fiscalización.
  2. El Código Monetario artículo 183 determina: “Las entidades de los sectores financieros público, privado y del sector financiero popular y solidario, previa autorización del respectivo organismo de control, podrán participar como accionistas en el capital de entidades financieras extranjeras de la misma naturaleza, constituidas o por constituirse, sujetándose a las condiciones que determine este Código y a la regulación correspondiente que expida la Junta. Las entidades financieras antes mencionadas y los accionistas de dichas entidades con propiedad patrimonial con influencia, no podrán participar como accionistas en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del Ecuador, de acuerdo con las definiciones que establezca el Servicio de Rentas Internas, y tampoco donde los estándares de supervisión sean inferiores a los nacionales".